Estado de derecho en México 2025: desafíos constitucionales en tiempos de cambio político
Juan Cristóbal, abogado constitucionalista de NEMISA, analiza los principales retos jurídicos que enfrenta México en 2025.
México atraviesa uno de los periodos constitucionales más sensibles de las últimas décadas. Reformas aceleradas, tensiones entre poderes, nuevas interpretaciones judiciales y una ciudadanía más activa están moldeando el equilibrio institucional del país. Juan Cristóbal, abogado constitucionalista e integrante de NEMISA (Núcleo de Estudios en Marco Institucional y Seguridad Administrativa), señala que la clave en 2025 es preservar estabilidad sin frenar la evolución democrática.
Los temas más urgentes incluyen la independencia judicial, los mecanismos de control del poder ejecutivo, la transparencia en procesos legislativos, el fortalecimiento de organismos autónomos y la protección de derechos humanos en un contexto de polarización social. La rapidez con la que se discuten modificaciones constitucionales genera preocupación sobre la calidad técnica de las reformas y su impacto a largo plazo.
Juan explica que el mayor riesgo no es el cambio en sí, sino su improvisación. Las constituciones están diseñadas para reformarse, pero requieren precisión, claridad y legitimidad. Cuando los cambios son utilizados como herramientas políticas inmediatas, se debilita el orden jurídico y se abren puertas a abusos de poder.
La ciudadanía también juega un rol fundamental. En 2025, el acceso a información y el debate público digital amplifican la exigencia de rendición de cuentas. Esto obliga a los poderes del Estado a explicar decisiones que antes pasaban desapercibidas.
Desde NEMISA, Juan participa en análisis comparados, diagnósticos técnicos y propuestas basadas en evidencia jurídica, no en intereses partidistas. El objetivo es promover reformas sostenibles, respetuosas de derechos y coherentes con estándares internacionales.
México necesita modernizar su marco institucional, pero hacerlo de manera responsable. Un país sin equilibrio constitucional no puede garantizar justicia, estabilidad ni desarrollo. La solución no es frenar el cambio, sino hacerlo bien.